Un informe de Amnistía Internacional documenta las torturas sufridas por los saharauis durante el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik y los disturbios en El Aaiún
La organización contabiliza un total de 13 víctimas mortales, 11 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis.
Los familiares de los saharauis fallecidos no han tenido acceso a los cuerpos ni a los informes de autopsia. (Periodismohumano)
El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaban por la fuerza el campamento de Gdim Izik, situado a escasos kilómetros de El Aaiún, donde se habían establecido alrededor de 20.000 saharauis para protestar por la discriminación de la que son objeto y reclamar condiciones de vivienda y trabajo dignas. Los violentos enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo y en los días posteriores se saldaron con 13 víctimas mortales (dos saharauis y once agentes marroquíes) y unos 200 detenidos saharauis, según una investigación independiente llevada a cabo sobre el terreno por Amnistía Internacional (AI) cuyos resultados se han publicado en el informe “Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sahara Occidental” (disponible en inglés).
La organización de derechos humanos “condena y deplora” la muerte de los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, la mayoría como consecuencia de heridas de arma blanca,“en circunstancias que todavía tienen que ser aclaradas”, y denuncia la falta de transparencia e información en torno a las muerte de los dos saharauis así como la pasividad del régimen ante los casos documentados de abusos de derechos humanos. En este sentido, AI insta a las autoridades a iniciar de inmediato las investigaciones judiciales oportunas y recuerda que a pesar de que hayan pasado “más de cuatro años desde que se promulgara la ley específica contra la tortura, el patrón de impunidad vigente, no solo en lo referido a saharauis víctimas de tortura y maltrato, permanece inalterado”.
En contraste con los 200 detenidos saharauis, recalca AI, “no existe constancia de que haya ningún residente marroquí arrestado en conexión con los ataques perpetrados contra los saharauis, sus hogares y propiedades, y no se ha iniciado ninguna investigación a raíz de las denuncias de palizas, torturas y otros malos tratos contra los saharauis por parte de las fuerzas de seguridad”. Las averiguaciones de la organización contradicen las declaraciones del ministro del Interior, Taïeb Charkaout, quien aseguró el pasado 8 de noviembre que no se había efectuado “un solo disparo” durante el desmantelamiento, así como la versión oficial del gobierno, al no haber hallado evidencia alguna de que en el campamento-protesta se estuvieran reteniendo a personas en contra de su voluntad.
Por otra parte, el informe pone de manifiesto las restricciones en el acceso a la información y el retraso con el que las autoridades marroquíes respondieron a las demandas de los familiares de los detenidos que, en ocasiones, tuvieron que esperar hasta 16 días para conocer el paradero de sus allegados. La falta de claridad en las informaciones y su inconsistencia es especialmente notoria en el caso de los saharauis fallecidos, cuyas familias no han tenido acceso ni a sus cuerpos ni a los informes de las autopsias.
Brahim Daoudi murió en el Hospital Militar de Al Aaiún el 9 de noviembre. Según manifestó a AI el gobernador local, la causa de la muerte fue un ataque de asma, si bien otras autoridades y medios de comunicación habían hablado de neumonía y nadie aclaró por qué se encontraba en dicho hospital en el momento de su muerte. El testimonio de su viuda añade todavía una mayor oscuridad al caso: “Todavía no sé cómo murió. No tenía problemas de salud, nunca se había quejado de ninguna enfermedad y no he recibido ningún certificado médico ni informe de autopsia. Ni siquiera he podido ver el cuerpo. Su cuerpo fue trasladado directamente desde el Hospital Militar hasta el cementerio; nunca lo trajeron a casa, como mandan nuestras tradiciones”.
El segundo de los fallecidos, Babi Gargar Brahim Ould Mahmud Hamadi, con nacionalidad española, murió tras ser arrollado por un vehículo de la policía que se dio a la fuga, según afirman uno de sus hermanos y un testigo del suceso. Las autoridades, por su parte, no reconocen que se tratara de un coche oficial, sostienen que fue un accidente, que Hamadi fue enterrado con el beneplácito de su esposa y que le fue practicada la autopsia. Sin embargo, sus hermanos aseguran que nadie fue informado ni consultado al respecto y que no han recibido ningún informe de autopsia.
Abusos y torturas
Todos los saharauis entrevistados por AI en el transcurso de la investigación alegaron haber sido víctimas de abusos, golpes y malos tratos -incluidas dos violaciones- por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, y según el informe, “la mayoría de ellos todavía presentaba heridas, cardenales o marcas visibles en su cabeza, cara, espalda o alguno de sus miembros, consistentes con sus declaraciones”.
En muchos de los casos, los saharauis agredidos durante el desalojo del campamento “no suponían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni opusieron resistencia, entre ellos numerosas personas mayores, mujeres y discapacitados”, destaca el informe. En otros casos, advierte la organización, el hecho de que las palizas se produjeran tras la negativa a jurar lealtad al rey de Marruecos o declararse ciudadanos marroquíes “parece demostrar que las acciones de las fuerzas de seguridad pretendían castigar deliberadamente a algunos de los manifestantes por su trabajo en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”.
“A pesar del peso de la evidencia”, resalta AI, “no tenemos constancia de que las autoridades marroquíes hayan dado ningún paso para iniciar las investigaciones oportunas y asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos actos y otros abusos contrarios a la ley sean llevados ante la justicia”. Además, recuerda a Marruecos que esta negativa contraviene lo dispuesto en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales es Estado parte.
Por otra parte, la organización, cuya petición de visitar la prisión de Al Aaiún fue rechazada por las autoridades, ha expresado su preocupación por los más de 130 saharauis que permanecen detenidos a la espera de juicio, 19 de los cuales han sido remitidos a un tribunal militar, a pesar de ser civiles. Según el informe, algunos de los procesados comparecieron ante el juez de instrucción sin asistencia letrada y otros declararon haber sido obligados a firmar documentos sin leerlos o haber aceptado cargos tras ser torturados.
Estado en que quedó una casa en Al Aaiún tras ser asaltada por residentes marroquíes (Amnistía Internacional)
Entre los detenidos figuran destacados defensores de los derechos humanos y activistas saharauis, como Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos del Sahara Occidental; Mohamed Tahill y Ahmed Sbai, miembros de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado de Marruecos (ASVH); Banga al-Cheick, del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis; o Brahim Ismaili, director del Centro Saharaui para la Conservación de la Memoria Colectiva. Estos arrestos “han elevado los temores de que las autoridades estén intentando implicar en los hechos ocurridos el 8 de noviembre a las voces críticas y los opositores pacifistas debido a sus actividades e ideas políticas”, concluye Amnistía Internacional.
Obstáculos a la investigación
Una de las constantes en el transcurso de la investigación llevada a cabo por AI entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre han sido los reiterados obstáculos impuestos por las autoridades para que la ONG pudiera recabar la información necesaria.
Además de la negativa de acceso a la prisión de Al Aiaún o el Hospital Militar, no se permitió que el equipo de AI se entrevistara con los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes que resultaron heridos en los enfrentamientos durante el desalojo del campamento o en los disturbios posteriores. Según la organización, las autoridades en Rabat y El Aaiún “suministraron escasa información, más allá de la que ya se había hecho pública a través de la prensa” y no proporcionaron ningún listado de víctimas, ni informes médicos o detalles sobre las lesiones de los fallecidos o heridos de ninguno de los dos lados. Tampoco accedieron a facilitar el video de 50 minutos que fue filmado durante la operación de desmantelamiento del campamento y del cual solo hicieron público un fragmento editado de 14 minutos en el que se muestran imágenes de actos de violencia cometidos por manifestantes saharauis.
Entre las recomendaciones que se desprenden del informe, Amnistía Internacional pide a Marruecos que realice “con prontitud [las] investigaciones judiciales sobre los todos los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos en relación con los sucesos del 8 de noviembre” y que los juicios se celebren “de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos”. En último lugar, la organización insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que prolongue el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) para incluir un mecanismo que supervise la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los territorios administrados por el Frente Polisario en Tindouf.
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